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POLíTICA
El PP critica el nuevo contrato de la zona azul y asegura que no beneficia a nadie
El portavoz del Partido Popular de Siero, Juan Luis Berros, aseguró que el contrato de estacionamiento Zona Azul es un fraude y un engaño perpetrado por el alcalde en unidad de la complicidad o falta de complicidad con el equipo de gobierno. “No está acreditada la necesidad de 1.300 plazas de aparcamiento en todo el consejo de Siero, ni de percibir ni de cobrar a los usuarios más de 730.000 euros al año. Ni tampoco está acreditado que tenga que adjudicarse el contrato máximo de cinco años, cuatro años más uno de prórroga que utilizará con su mayoría absoluta para el supuesto improbable de que gobierne. No se justifican los precios a percibir por las fracciones de tiempo, es decir, en los documentos que obran en el expediente hay un estudio de viabilidad, pero nadie nos está explicando cuál es la constitución tarifaria, es decir, los precios que se ponen”, comentó.
Berros aseguró que no hay un informe previo que justifique ese incremento de la tarifa, sino que es algo más o menos arbitrario. “Sí, hay un estudio de la viabilidad de la concesión, pero no hay ningún estudio de por qué tiene que pagarse 90 céntimos la hora o pudiera ser como en otros sitios 65, no hay absolutamente ningún estudio técnico sobre lo que nos diga el justificante de por la tarifa que se va a implantar. Cuando estamos hablando de que el estudio de viabilidad determina unos beneficios para la adjudicataria y para el Ayuntamiento de algo más de 200.000 euros al año de beneficio”, afirmó.
El popular comentó que el Ayuntamiento se tiene que regir por dar un servicio a la ciudadanía, a los comerciantes, a los vecinos, a los visitantes de Siero, pero no se tiene que regirse nunca por un criterio de beneficios de rentabilidad. “Se nos dice, vamos a pasar a duplicar las plazas de aparcamiento, porque entre ello vamos a poner hasta 5 parkings disuasorios de pago por medio de bonos o por medio de pago de zona azul. La ordenanza municipal en vigor no prevé todas las particularidades y las novedades que pretende implantar. Es más, si se adjudica un contrato a un concesionario sin cambiar previamente, sin modificar previamente la ordenanza, estaríamos ante una auténtica ilegalidad. Por tanto, estaríamos hablando siempre de un imposible jurídicamente. Es más, el bono que pretende implantar es ilegal. Porque convierte al ayuntamiento en un verdadero arrendador de plazas de aparcamiento. Este contrato no contenta absolutamente a nadie. Perjudica a los vecinos, a los comerciantes, a los visitantes y no tenemos claro a quién beneficia salvo a la adjudicataria y a las arcas municipales. Arcas municipales que no necesita ser beneficiado y el adjudicatario que ya tiene unos pingües beneficios” relató.
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