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ASTURIAS
Educación saca a información pública el anteproyecto de la ley que regulará 'Les Escuelines', el programa pionero que permitirá construir la red autonómica de 0
La norma, que da prioridad a los concejos rurales, establece la incorporación progresiva de los municipios en función de criterios de población y vulnerabilidad del alumnado
La Consejería de Educación ha informado hoy a los grupos parlamentarios y a la comisión ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) sobre el anteproyecto de ley que regulará la futura red autonómica, pública y gratuita de Les Escuelines. La norma establece la incorporación progresiva de los concejos, cada uno de los cuales tendrá que firmar un convenio individual y voluntario de colaboración con el Principado para formalizar la integración de sus escuelas.
Les Escuelines es uno de los proyectos pioneros impulsados por el Gobierno de Asturias. El objetivo último es contar con una red autonómica, pública y gratuita de escuelas infantiles. La ley es una pieza necesaria para ordenar y desarrollar este proceso. Al presentarlo a los grupos parlamentarios y a la Federación de Concejos, la consejera Lydia Espina ha subrayado la voluntad de diálogo y entendimiento del Ejecutivo.
La adhesión progresiva de los ayuntamientos se ordenará en función de cuatro criterios: ruralidad, tamaño de la población (por orden de menor a mayor), vulnerabilidad del alumnado y sus familias y la existencia de una oferta suficiente para atender a la demanda. Además, será imprescindible que los ayuntamientos expresen previamente su disposición a formar parte de la red.
El anteproyecto, que saldrá mañana a información pública, recoge que las escuelas infantiles tendrán autonomía de funcionamiento respecto a los colegios. Sus horarios y su calendario atenderán tanto a su carácter educativo como a su papel en la conciliación.
En paralelo, Educación ultima la actualización del decreto de 2015, ya modificado en 2022, que regula el funcionamiento de los centros de 0 a 3 años, para adecuarlo a las nuevas circunstancias. Esa norma establece, por ejemplo, los tipos de jornada para el alumnado o cómo deben configurarse los espacios escolares. Todo este nivel de detalle no es ahora el objeto de la ley.
La consejería será el organismo encargado de la gestión de la red, que se regirá por principios como la equidad, la intención de seguir avanzando para que haya una oferta de plazas suficiente y la atención a las situaciones de vulnerabilidad.
Aumento y mejora de la oferta
La norma aborda tanto la apertura de las primeras escuelas autonómicas como la posterior integración de las municipales. En estos momentos, el Principado tiene en vigor convenios con 48 ayuntamientos que gestionan 76 centros susceptibles de ser integrados, con un total de 311 unidades y 4.511 plazas.
Además, la primera fase de la red autonómica, prevista para este año, prevé la apertura de 31 escuelines más de gestión directa de la Administración autonómica. Educación habilitará 15 en colegios públicos que tienen espacios disponibles y abrirá otras 16 que diversos ayuntamientos están construyendo ahora. Todas ellas comenzarán a funcionar a partir de septiembre y dispondrán de un máximo de 822 plazas distribuidas en 54 unidades.
En definitiva, cuando se completen la primera fase y la integración, la cantidad será de 107 escuelas, 365 unidades y 5.333 plazas. Pero este no será el techo. Todavía será necesario inaugurar más espacios para llegar a todo el territorio, allá donde existe un censo de menores de tres años, y para acabar con las listas de espera.
Derechos laborales asegurados
El anteproyecto de ley indica cómo se planificarán las nuevas escuelas. En este sentido, se tendrán en cuenta las necesidades demográficas y territoriales, con especial atención al medio rural. El Principado primará su apertura en colegios públicos de Infantil y Primaria con espacio suficiente, en concejos con listas de espera o con menores de tres años.
También dedica varios artículos a la incorporación de las escuelas municipales actualmente en funcionamiento, que será progresiva e implicará la integración de su personal en la plantilla del Principado. En concreto, quedará adscrito a la escuela en la que ya está trabajando.
Las técnicas de educación infantil –en su inmensa mayoría, el personal es femenino- conservarán sus derechos laborales y salariales, así como la categoría profesional del contrato que tienen en vigor. Una vez integradas en la plantilla de la Administración autonómica, se negociará su incorporación al convenio colectivo del personal laboral.
El Principado es consciente de que algunos ayuntamientos no han incluido a estas profesionales en sus procesos de estabilización del personal. Por esa razón, la norma recoge tanto la integración de las plantillas estabilizadas como de las no estabilizadadas, cada una en las condiciones en las que se encuentra ahora. Los concejos que aún no hayan finalizado estos procedimientos deberán esperar a completarlos para, posteriormente, traspasar sus escuelas a la red.
El papel de las corporaciones locales
Al igual que ocurre con los colegios de Infantil y Primaria, los edificios seguirán siendo propiedad de las administraciones locales, por lo que los ayuntamientos deberán seguir haciéndose cargo de su conservación y mantenimiento.
La ley sigue la fórmula de las transferencias de competencias del Estado a las comunidades, salvo en el aspecto económico. En este caso, el Principado asume la gestión, pero ya cuenta con la financiación, que siempre ha salido de sus arcas mediante los convenios firmados con las entidades locales. Únicamente se fijará un sistema de compensación entre administraciones para sufragar la diferencia en el caso de algunos ayuntamientos que están pagando a su personal por encima del módulo subvencionado. Esa cantidad quedará reflejada en los convenios.
La consejera Lydia Espina ha explicado que este modelo supone una importante descarga para las corporaciones locales, ya que la Administración autonómica pasa a hacerse cargo de la gestión completa: procesos de admisión, matriculación, gestión de comedores, funcionamiento, personal, adquisición de suministros, etcétera. Los ayuntamientos también se ahorrarán el pago de las sustituciones, que ahora están sufragando con recursos propios.
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