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La Coordinadora Ecoloxista critica la autorización de nuevos sondeos mineros entre Siero y Gijón
La Coordinadora Ecoloxista de Asturies ha mostrado su rechazo a la autorización concedida por la Consejería de Ciencia del Principado al proyecto de investigación minera “La Collada Fase 2”, promovido por el grupo Minersa en los concejos de Siero y Gijón. La resolución fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).
El permiso autoriza la realización de 31 nuevos sondeos vinculados a la continuidad de la explotación de fluorita de La Viesca, situada en la zona de La Collada. Desde el colectivo ecologista denuncian que la administración autonómica ha desestimado las alegaciones presentadas tanto por la propia Coordinadora como por vecinos afectados —que registraron un total de 219 alegaciones—, además del Ayuntamiento de Gijón y varias asociaciones.
La organización considera “injustificada” la necesidad de nuevas perforaciones, al recordar que la empresa reconoce disponer ya de una amplia base de datos geológicos obtenidos en campañas anteriores. Según detallan, en la zona se habrían realizado 81 sondeos en La Collada, 50 en La Viesca y 27 en La Camocha, además de otros 21 ejecutados durante el pasado año 2024.
La Coordinadora Ecoloxista advierte además del impacto que la actividad minera podría tener sobre numerosos núcleos rurales próximos a la explotación. En el concejo de Gijón mencionan afecciones potenciales en localidades como Porceyo, Granda, La Camocha, Ruedes, Caldones, Baldornón, Fano, La Pedrera, Robledo y Arroyo, mientras que en Siero señalan a pueblos como Huergo, Florida, Varé, Los Pisones, San Tirso, Palmiano, La Madera, Grandarasa, La Calabaza, Muñó, Casanula, Ceñal y La Collada.
El colectivo recuerda asimismo que la anterior actividad de la mina de La Viesca generó quejas vecinales relacionadas con ruidos, vibraciones en viviendas, afecciones al tráfico rodado y vertidos sólidos en cauces de la zona. Según denuncian, las reclamaciones formuladas por estos hechos continúan pendientes de resolución por parte del Gobierno asturiano.
En su comunicado, la Coordinadora acusa al Ejecutivo autonómico de mantener una actitud de “complicidad” con la empresa minera y reclama una mayor valoración de las consecuencias ambientales y sociales que este tipo de proyectos pueden generar en el medio rural y en el futuro del territorio afectado.
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