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SIERO
POLíTICA
Siero aprueba iniciar la concesión del agua con 30 millones en inversiones y una subida tarifaria del 24,5% en cuatro años
Concentración de la Asociación Siero por el Agua
El Pleno del Ayuntamiento de Siero aprobó este jueves la iniciación de las actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios de suministro de agua potable y alcantarillado del concejo, incluyendo el estudio de viabilidad, la aprobación de los anteproyectos de obras y la estructura de costes que regirá el futuro servicio.
La propuesta salió adelante con los votos favorables del PSOE y Vox, mientras que Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida votaron en contra. La Plataforma Vecinal de La Fresneda optó por la abstención.
La sesión plenaria estuvo marcada también por la contestación social al proyecto. Decenas de personas convocadas por la Asociación Siero por el Agua se concentraron a las puertas del Ayuntamiento durante el pleno para expresar su rechazo al modelo de gestión indirecta y reclamar el mantenimiento del servicio bajo gestión pública.
La portavoz de Podemos, Silvia Tárano, comentó que lo se llevó a pleno no tenía nada que ver con lo que se aprobó en diciembre, “en aquella época se nos dijo que la privatización era inevitable, porque el Ayuntamiento no tenía recursos para afrontar la inversión en materia de agua y ahora vamos a asumir proyectos por importe de 65 millones de euros, mientras que la empresa se quedará con un suculento negocio aportando solo 20 millones. Se habló de un incremento en la factura de un 114% imprescindible para abordar las inversiones, cuando manteníamos que no era necesario y se nos acusó de engañar, ahora desaparece ese incremento y es necesario uno menor. Lo que cambia y es una estafa a las familias es que el cambio de tarifa va a suponer un incremento para los pequeños consumos y un premio para quien derrocha agua, el consumo medio para las familias subirá antes de la privatización un 30%, pero para los grandes consumos bajará un 40%. Es una privatización caprichosa que trae una subida de precios a la mayoría de los vecinos”, explicó.
La concejala de Izquierda Unida, Tere Álvarez, quien justificó el voto en contra de su formación asegurando que el expediente “abre el camino a la privatización del agua en Siero”. La edil defendió que el abastecimiento y el alcantarillado constituyen un servicio público esencial y cuestionó la necesidad de recurrir a una concesión privada.
Álvarez sostuvo que el proceso “no está suficientemente motivado” y advirtió de que IU se opondrá “por todos los medios posibles, en el Pleno, en la calle y también en los tribunales”. Asimismo, mostró el respaldo de su grupo a las reivindicaciones de los colectivos ciudadanos en defensa del agua pública y anunció la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el expediente, acompañado de un dictamen pericial. “Votamos no a este expediente, no a la privatización del agua y sí a la defensa de los servicios públicos de Siero”, concluyó.
El concejal de Vox, Josué Velasco, asegura que no es una privatización, ya que el control del agua seguirá siendo público y parte del Ayuntamiento, “es un contrato que se externaliza para una gestión más económica y eficaz posible. Proponemos hablar para la gente de la calle, el recibo del agua va a subir sea la gestión pública o a través de una empresa, porque las obras hay que acometerlas, buscamos que la subida sea la menor posible y el servicio sea más eficiente”, apuntó.
El concejal del PP, Juan Luis Berros, se mostró contrario a la privatización ya que considera que no se recogen los 26 años restantes de la concesión, solo los cuatro primeros años, en el informe, “donde está la previsión de los incrementos de precios para el resto de años y que no se prevé un incremento de la demanda”, afirmó.
El acuerdo aprobado supone un paso decisivo hacia la futura licitación de la gestión indirecta del servicio de agua, un modelo que contempla inversiones cercanas a los 30 millones de euros durante los próximos cuatro años para modernizar una red que el equipo de gobierno considera insuficiente para garantizar el abastecimiento presente y futuro.
Durante su comparecencia, el alcalde de Ángel García defendió el cambio de modelo asegurando que responde a criterios de eficiencia económica y sostenibilidad a largo plazo. Según explicó, el estudio económico se ha elaborado con una proyección de 30 años, periodo previsto para la concesión, y con parámetros conservadores de crecimiento poblacional y consumo.
El análisis incorpora tanto los costes de explotación del servicio, personal, energía, compra de agua, mantenimiento y gestión operativa, como la amortización de las inversiones previstas. El regidor sostuvo que, con estos parámetros, la gestión indirecta resulta menos costosa para los ciudadanos que una gestión directa municipal.
Uno de los cambios más relevantes será la reforma del sistema tarifario. El actual modelo obliga a pagar un consumo mínimo de seis metros cúbicos por trimestre, se consuma o no. La nueva estructura elimina ese mínimo y lo sustituye por una tarifa binómica compuesta por un derecho fijo de conexión de 10 euros trimestrales para usuarios domésticos y 14,5 euros para pequeños negocios, además de una parte variable en función del consumo real desde el primer metro cúbico.
El Ayuntamiento sostiene que esta fórmula favorece un consumo más racional del agua y mejora la equidad tarifaria. En el caso del pequeño comercio, el consistorio estima que cerca del 80% de los establecimientos con bajo consumo verán reducida su factura en el primer año.
Para una vivienda con un consumo medio de entre 18 y 20 metros cúbicos por trimestre, la factura pasará de 10,62 euros a 15,79 euros en el cuarto año de aplicación, lo que representa un incremento de 5,2 euros por trimestre, aproximadamente 1,8 euros mensuales.
El alcalde subrayó además que, incluso con esta subida, Siero seguirá situándose entre los concejos con tarifas más bajas de Asturias, por debajo o en niveles similares a municipios como Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Mieres.
Actualmente, el rendimiento de la red de abastecimiento ronda el 57%, lo que refleja pérdidas significativas por fugas y deficiencias estructurales. El objetivo del nuevo modelo será elevar esa eficiencia hasta el 80%.
La futura empresa concesionaria deberá ejecutar las inversiones conforme a un calendario aprobado por el Pleno y abonar además un canon anual mínimo de 155.000 euros al Ayuntamiento, cuantía que podría incrementarse durante la licitación en función de las ofertas presentadas.
Ángel García defendió que el debate no debe centrarse en la titularidad del recurso, sino en la eficiencia de su gestión. “El agua siempre es pública y las tarifas siempre las fija el Pleno. La cuestión es cómo prestar el mejor servicio posible al menor coste para vecinos y empresas”, concluyó.
El Tapín
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