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CCOO muestra su rechazo a la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer y exige la creación de equipos especializados
En el Real Decreto 422/2025 publicado el 4 de junio en el BOE, el Ministerio de Justicia ha acordado la creación de 42 nuevas plazas de jueces y juezas con especialización para reforzar las Secciones de Violencia sobre la Mujer que formarán parte de los nuevos Tribunales de Instancia, entre ellas, la plaza número 2 de la Sección de VSM del Tribunal de Instancia de Gijón.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas no crearán ni una plaza de personal funcionario dirigido a reforzar dichas Secciones, ni una sola.
Es este personal de la Administración de Justicia quien incoa las diligencias previas o urgentes en los supuestos de violencia sobre la mujer, atiende a las víctimas, les instruye de sus derechos, tramita las órdenes de protección y/o alejamiento, instruye de sus derechos a los supuestos agresores, recoge las declaraciones de las y los intervinientes, tramita los autos de alejamiento, de prisión o de libertad, practica las notificaciones, etc.
Tan especializado en materia de violencia sobre la mujer han de ser los jueces y juezas que resuelven, como las y los fiscales que informan o el personal que tramita. Decir que se mejora la atención de las víctimas porque se aumentan las plazas de jueces, juezas o fiscales especializados en la materia es mero postureo.
CCOO denuncia que, en la práctica, van a desaparecer los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. La negativa del Ministerio de Justicia y de la mayoría de las comunidades autónomas con competencias transferidas a que sea personal especializado el que tramite estos procedimientos, como consecuencia de la constitución de los Tribunales de Instancia a partir del 1 de julio de 2025, y que el personal de dichos Tribunales tramite por igual los asuntos de violencia sobre la mujer y el resto de procedimientos judiciales conllevará que el sistema judicial español empeorará significativamente su respuesta y sensibilidad ante estos casos.
Además, la comarcalización de las Secciones de Violencia sobre la Mujer que contiene el Real Decreto (esto es, la creación de secciones que atiendan a varios partidos judiciales en vez de a uno solo), supondrá que en muchos casos las víctimas tendrán que desplazarse varias decenas de kilómetros al municipio en que tenga su sede dicha Sección o que sean atendidos por el juez o la jueza por videoconferencia, con lo que se perderá toda inmediación y cercanía necesaria en estos procedimientos.
El Real Decreto, antes citado, determina la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Gijón a los partidos judiciales de Siero, Villaviciosa, Cangas de Onís, Llanes y Piloña.
Alejar la justicia de las personas necesitadas de su tutela, es dificultar el camino a su consecución y, por tanto, nunca es una buena solución. Cuando esa persona es especialmente vulnerable por ser víctima de una violencia que constituye una lacra social es, además, revictimización y constituye un desincentivo para la denuncia.
El Consejo General del Poder Judicial debe exigir que sea el juez o jueza quien se desplace al lugar de residencia de la víctima para atenderla, y no al revés, y que se limite al máximo el uso de la videoconferencia en estos supuestos.
CCOO exige a la Administración del Principado de Asturias que en cada Tribunal de Instancia existan equipos de personal especializado en materia de violencia sobre la mujer y que todo incremento de jueces, juezas y fiscales especializados en la materia conlleve el consiguiente incremento del personal que haya de atender estos procedimientos.
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