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LLANERA1
POLíTICA
PP denuncia que la “incapacidad de diálogo del alcalde” suponga un coste de 400.000 euros a Llanera
El Partido Popular de Llanera ha cargado hoy contra la imposición y falta de diálogo del alcalde, el socialista Gerardo Sanz, tras conocer la sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo por la que se considera improcedente el despido de las dos trabajadoras del Equipo de Intervención de Apoyo a las Familias, a las que obliga a readmitir y abonar los meses adeudados y a indemnizar con el pago de 57.625,52 euros. Esta cantidad, unida a una anterior penalización, supondrá un coste al Consistorio llanerense próximo a los 400.000 euros. “Una vez más, la actuación unilateral y la falta de diálogo del Gerardo Sanz en contra de los intereses de Llanera y de espalda a los otros 4 ayuntamientos, supone una penalización a todos los llanerenses”, señalan desde el PP y exigen al regidor a dar explicaciones ante “las graves consecuencias que su imprudencia está ocasionando a todos los llanerenses. No puede pasar ni un día más sin que Sanz asuma las responsabilidades políticas de su fallida gestión”.
“Ya está bien de que los llanereses tengamos que pagar con dinero público los errores de un alcalde que ha demostrado no estar capacitado para el puesto que ostenta”, señalan desde el PP. Los populares apuntan que las “malas decisiones del alcalde hacia este servicio, con la inestable colaboración de IU en la pasada legislatura” ya supusieron un coste de 120.000 euros a las arcas municipales. Desde PP denuncian que “la poca capacidad de diálogo y de transparencia de Gerardo Sanz hizo que se diera por finalizado este contrato en el mes de noviembre de 2021 sin ni siquiera haber ni negociado ni comunicado al resto de ayuntamientos que se beneficiaban del mismo (Noreña, Riosa, Ribera de Arriba y Morcín)”. Para los populares esta situación refleja “la altiva actitud de un alcalde al que no le preocupa ni este servicio ni, lo que es más preocupante, los usuarios del mismo”.
Los problemas con la EITAF “no son nuevos”, lamentan desde el PP porque “el desmantelamiento de este servicio siempre ha estado entre los objetivos del PSOE de Llanera, con la complicidad de sus socios de gobierno IU quien en la pasada legislatura asumía la Concejalía de Bienestar Social”. De hecho, los populares recuerdan que ya en mayo de 2016 una sentencia judicial daba la razón a las trabajadoras condenado al consistorio llanerense al pago de más de 31.000 euros en concepto de atrasos, y reconocía el derecho a percibir un sueldo de 38.124 euros en uno de los casos y de 41.321 euros al año en el otro. Según los cálculos realizados por el PP, el coste total que “los llanerenses tendrán que abonar unos400.000 euros por la soberbia del alcalde socialista que ha decidido tomar una decisión de manera totalmente unilateral”.
A las graves consecuencias económicas se suma la pérdida desde enero de “un servicio básico para menores y familias a las que hoy les privan de poder optar a una mejor calidad de vida”, denuncian los populares, y es que “desde que Sanz decidiera de manera unilateral proceder al despido de las dos trabajadoras, nadie se ha hecho cargo del mismo, dejando en el más absoluto abandono a numerosas familias”.
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